De no creer: ¿La Fiscalía se olvidó de pedir la tobillera electrónica para Santi?

En el marco de la causa que investiga a Rodrigo Santi, imputado por hechos de abuso sexual contra menores, se conoció un decreto del Poder Judicial de Córdoba fechado el 16 de enero de 2026 que aporta nuevos elementos sobre la instrumentación de la prisión domiciliaria y el uso de la tobillera electrónica.

Según el decreto, emitido en la ciudad de Villa María, no obraba en el expediente ningún oficio dirigido al Establecimiento Penitenciario N.° 5 que ordenará la colocación de la tobillera electrónica. Asimismo, cabe destacar que la colocación de la tobillera electrónica tampoco era condición de acuerdo al decreto del 22 de diciembre.

Ante esta situación, la Fiscalía dispuso habilitar la feria judicial al solo efecto del dictado del decreto, dejando constancia formal de la inexistencia de esa orden en el expediente hasta ese momento.

Este dato resulta relevante ya que, contrario a lo que se sostuvo públicamente en un primer momento, una de las partes denunciantes había advertido que Santi no contaba con tobillera electrónica conforme a las fechas y disposiciones estipuladas por la fiscalía, extremo que ahora queda respaldado por documentación oficial.

Cabe recordar que, según un informe posterior del Centro de Monitoreo Integral, la orden de colocación del dispositivo fue recepcionada recién por primera vez el 12 de enero de 2026, sin consignar fecha de emisión, y que la tobillera electrónica fue instalada ese mismo día a las 11:34 horas, en el domicilio de calle Mendoza 421, departamento “B”, donde el imputado cumple la prisión domiciliaria.

De este modo, entre el dictado de la prisión domiciliaria el 22 de diciembre de 2025 y la efectiva colocación del dispositivo el 12 de enero de 2026 sin orden anterior alguna, transcurrieron más de veinte días en los que el imputado no contó con monitoreo electrónico, pese a que esta condición había sido establecida por la fiscalía.

El decreto lleva la firma digital de la fiscal de Instrucción Juliana Erica Companys y del secretario de Fiscalía José Ignacio Álvarez, y la revelación de los plazos efectivos en los que se instrumentó el monitoreo electrónico se suma a una causa que continúa generando conmoción en la comunidad y que ya motivó múltiples movilizaciones en La Playosa y Villa María, con reclamos de justicia por las víctimas, el rechazo a la prisión domiciliaria y pedidos de revisión urgente del caso por parte de la Justicia.

Mientras el expediente sigue su curso y se aguardan definiciones de la Jueza de Control, la discusión pública permanece centrada en la transparencia del proceso, los tiempos judiciales y las garantías reales de control sobre una medida que, para amplios sectores de la sociedad, resulta inadmisible frente a la gravedad de los hechos imputados.

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