Una grave denuncia penal sacude en estos momentos al Centro de Empleados de Comercio de Villa María (CEC), luego de que se detectara un presunto desvío sistemático de fondos hacia la Federación Mercantil, en una maniobra que habría involucrado a miembros de la propia Comisión Directiva del gremio.
Según pudo confirmar Villa María Ya!, el CEC presentó dos denuncias penales que apuntan directamente contra los contadores Sergio Alberto Cabrera y Nicolás Trotta, así como contra la Secretaria de Economía y Finanzas, Mariela Valeria Arcas, y la Secretaria Gremial, Victoria Zayas, quienes ocupan cargos activos dentro de la conducción sindical.
De acuerdo con la presentación judicial, con la presunta complicidad de los denunciados se habrían ejecutado más de 400 desvíos de fondos, afectando aproximadamente un 2% mensual de la recaudación gremial. Los montos eran direccionados desde la cuenta del gremio hacia Federación Mercantil, una entidad presidida por el propio Cabrera, lo que configuraría un potencial conflicto de intereses.
Cabe mencionar que uno de los aspectos más delicados de la maniobra sería la falsificación de la firma del secretario general del gremio, Héctor Daniel Maccarini, quien habría estado completamente ajeno a las operaciones. A través de una plataforma de pagos y mediante un mecanismo de “goteo”, se desviaban mensualmente los fondos sin el conocimiento ni la autorización de la conducción.
Estas denuncias fueron inicialmente radicadas en la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno, a cargo de René Bosio, aunque recayeron en la Segundo Turno, que encabeza Juliana Companys. Hasta el momento no se habrían tomado medidas procesales significativas, lo que genera preocupación entre los dirigentes del gremio y los afiliados.
«El perjuicio económico es enorme y las pruebas son contundentes», señalaron fuentes inobjetables. Además, agregaron: «Lo preocupante es que, pese a la gravedad del caso, la justicia todavía no ha actuado con la celeridad que se espera en este tipo de delitos».
En este marco, el caso ya se compara con la conocida causa de Generación Zoe, en la que se habrían cometido 172 estafas y sus presuntos autores permanecen privados de la libertad desde hace más de dos años. «En este caso, estamos hablando de más de 400 operaciones fraudulentas, y sin embargo no hay imputaciones ni detenidos», remarcaron.
Por último, trascendió que los abogados del gremio estarían reuniendo nueva evidencia que podría comprometer a familiares directos de algunos de los denunciados (hijos), por lo que no se descartan nuevas denuncias penales en los próximos días.
Mientras tanto, desde el CEC insisten en la necesidad de que la investigación avance y se logre esclarecer lo ocurrido. «Se trata de recursos de los trabajadores, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para defender el patrimonio del gremio y garantizar que se haga justicia», resaltaron.
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