Denuncian presunta red de corrupción en la Justicia de Villa María

En medio de versiones cruzadas que circularon en las últimas horas en distintos medios de la región, la abogada Teodora Perassi salió a aclarar el alcance de una grave denuncia que involucra a actores del Poder Judicial de Villa María.

Según explicó, no se trata de una acusación puntual contra un fiscal en particular como se pretendió, sino de una presentación más amplia que apunta a un “entramado de corrupción” dentro del sistema judicial local, en el que —según sostiene— estarían involucrados jueces, fiscales, abogados y otros actores vinculados tanto al ámbito judicial como político.

La aclaración surge luego de que trascendiera públicamente que la fiscal Juliana Companys habría denunciado a su par René Bosio. Sin embargo, Perassi indicó que esa interpretación es incorrecta: Companys no es denunciante, sino que interviene en la causa como funcionaria judicial que receptó la presentación realizada por la letrada y dio curso a la investigación.

“Esto no es contra una sola persona. Es una denuncia extensa que abarca múltiples causas, juzgados y fiscalías. Se trata de un esquema más general”, señaló Perassi en diálogo con medios locales, evitando brindar detalles específicos por tratarse de una causa en etapa inicial y bajo secreto de sumario.

La presentación formal fue realizada en enero de este año, durante la feria judicial, y desde entonces la abogada declaró en reiteradas oportunidades —más de ocho veces— aportando documentación, pruebas y testimonios. La investigación, indicó, avanzó con nuevas declaraciones y recolección de elementos durante los últimos meses.

Perassi también confirmó que actualmente cuenta con custodia personal, debido al riesgo que implicaría su denuncia. En ese sentido, sostuvo que existen presiones y situaciones que buscan desalentar el avance del caso. “Hay personas con poder que podrían intentar frenar esto. Tengo miedo, por mi y mi familia, pero entiendo que es necesario hacerlo”, expresó.

Asimismo, sostuvo que desde el año 2024 ya venía advirtiendo sobre la posibilidad de realizar una denuncia de este tipo, y que incluso existen pruebas de esas advertencias previas.

Si bien evitó precisar hechos concretos, sí remarcó que una de las preocupaciones centrales radica en supuestas desigualdades dentro del sistema judicial: “Hay causas que avanzan rápido cuando involucran a determinadas personas, mientras que otras demoran años. Eso genera una sensación de privilegio que afecta la igualdad ante la ley”, afirmó, enfatizando que esta no es una percepción aislada sino que es algo que se repite y que forma parte de lo que está denunciando.

Sobre el futuro del expediente, la abogada consideró que la investigación debería quedar en manos de organismos externos a la ciudad para garantizar imparcialidad. En esa línea, mencionó como posibles ámbitos de intervención al Tribunal Superior de Justicia o la Fiscalía General de la Provincia.

“Si hay funcionarios judiciales involucrados, no pueden investigarse entre ellos. Lo lógico sería que intervenga alguien de afuera”, planteó.

“Es difícil denunciar a la propia Justicia, porque es el lugar al que uno acude cuando necesita respuestas. Pero si no se hace, esto nunca cambia”, concluyó Perassi en una frase que resume el trasfondo de una denuncia que recién comienza, pero que promete generar profundas repercusiones.