En su alegato, el abogado de Hernán Ferrari, el Dr. Joaquín González, descartó que su defendido haya planificado algún tipo de crimen.
González sostuvo que desde el principio la causa se direccionó para culpar a Hernán, y que tanto la fiscalía como la querella quisieron convencer al jurado popular insultándolo, defenestrandolo y hasta burlándose de la discapacidad del imputado.
«No estamos para juzgar si era buena o mala persona, mal padre, manipulador o no, sino si era un asesino. No es un juicio de popularidad, no estamos para elegir ciudadano ilustre, sino para determinar si tuvo participación en la muerte de Natalia y qué pena le corespondería», dijo.
También se refirió al escrache público y los comentarios en redes sociales que juzgan a los acusados sin conocer los pormenores del caso y antes de que haya sentencia.
El defensor recorrió una por una las pruebas y testimonios y los consideró incorrectos, inchequeables o inválidos por distintos motivos. Según dijo no existe ninguna prueba directa, todos son indicios y estos no alcanzan para condenar a una persona. «No tienen prueba directa, ni un mensaje, ni un llamado o testigo. La suposición basada en indicios debería ser unívoca para que sea condenatoria, sino se absuelve», aseguró.
Además descalificó un dicho del querellante Dr. Alarcos, quien usó como argumento «no tengo pruebas pero tampoco dudas». También sostuvo que si la intención hubiese sido matar desde un principio podrían haber contratado un sicario, utilizado un arma de fuego y armado mejor el plan en general.
González descartó que Ferrari tuviera intenciones codiciosas o que estuviese al tanto de las intenciones de su hijo; asegura que Gino le llevó la noticia de que había matado a su madre y recién ahí decidió mentir y encubrirlo.
«Él estaba divorciado, no podía hacerse de los bienes. Jorge (padre de Natalia) confirmó que tenía el usufructo de las propiedades y Gino tampoco sería el heredero directo. En el divorcio el ser humano a veces saca su peor versión, pero Hernán no, solamente se quedó con la panadería», dijo, rescatando además la falta de un historial de violencia de él hacia la víctima.
Como no se puede condenar a un padre por encubrir a su hijo, pidió la absolución. Además coincidió con Castoldi (defensora de Gino) en que el joven asesinó producto de traumas que arrastró desde niño y adolescente, incluido un abuso sexual prolongado siendo un infante (no de parte de un familiar).
«No podemos exigirle a un padre que entregue a su hijo o a una hermana que entregue a su hermano, por más que sea algo ilegal no podemos ir contra la moralidad del ser humano», sostuvo.
Sobre la peluca, dijo que la vendedora conocía a la familia, no tenía sentido ir a comprarle a ella si la intención era asesinar; sobre la pista de la cerrajería, dijo que este tipo de llave también era la que usaba la puerta de aluminio de su casa; sobre el recorrido de Hernán, dijo que este solo mintió después de conocer el hecho.
González agradeció a Hernán y criticó duramente a la fiscalía de instrucción y de cámara por sus acciones y modos: «No pueden jugar así con la vida de la gente, Hernán es un ser humano, por eso me molesta. Estaban poseídos en querer inculparlo». También citó el caso de Franco Sosa, quien fue absuelto por el presunto homicidio de su hijo Lázaro, siendo defendido en esa oportunidad por González.
Esto valió que el fiscal Márquez pidiera réplica y rebatiera varios puntos esgrimidos. El defensor luego también replicó, respondiendo solo algunas de esas cuestiones, y se produjo entonces un intercambio con reproches personales entre los letrados que siguió aún con la jornada terminada.
Cabe recordar que antes la Dra. Castoldi pidió 18 años de prisión para su defendido, Gino, por un atenuante excepcional en el homicidio calificado por el vínculo, mientras que tanto Márquez como la querella a cargo del Dr. Alarcos pidieron perpetua para ambos imputados.
El juicio se retoma este jueves por la mañana, momento en el que las partes tendrán derecho a su última palabra. Luego los jurados populares pasarán a deliberar la condena con la asistencia técnica de los jueces.
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