Tras cuatro días de vigencia de la ordenanza que declaró el estado de Excepción y Emergencia Vial en Villa María, el municipio logró retener once motocicletas que tienen caños de escape no reglamentarios.
Así lo indicó la comuna en un parte de prensa, que precisó que en los operativos de control también capturaron otras 43 motocicletas por infracciones regulares, como falta de documentación o ausencia de casco protector.
En este marco, la secretaria de Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana, Guadalupe Vázquez, señaló: “Nos permite ser más prácticos y acelerar el trámite en cuanto a la quita de los caños de escape que serán ordenados por el juzgado de faltas”.
Sobre la ordenanza
Cabe destacar que la citada ordenanza N° 8.156 establece medidas concretas para combatir la contaminación sonora en la ciudad por un período de seis meses. Asimismo, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la secretaría antes mencionada, a remover y retirar de la vía pública aquellos vehículos que no cumplan con las disposiciones sobre emisión sonora.
Por su parte, los conductores infractores tienen la posibilidad de solicitar una prueba de emisión sonora y, en caso de que las mediciones resulten dentro de los límites permitidos, quedarán eximidos de multas y gastos de traslado. La normativa también establece sanciones para los talleres mecánicos que realicen alteraciones en los caños de escape o coloquen dispositivos no reglamentarios, con multas mínimas de 500 U.M.
Desde el municipio resaltaron que los infractores identificados con vehículos que posean caños de escape adulterados serán excluidos de los programas sociales municipales. Para hacer efectiva esta medida, cada quince días, al finalizar el turno del Juez de Faltas, se enviará un informe a la Secretaría de Igualdad.
Al mismo tiempo, desde el área de Habilitaciones se notificará a todos los talleres habilitados sobre la vigencia de la ordenanza y la prohibición de modificar los caños de escape de los vehículos.
Finalmente, Vázquez consideró: “El legislador local entendió que, si hay recursos para adulterar un vehículo para molestar al resto, tiene que haber recursos para todo lo otro que hace a la vida cotidiana”. Además, aclaró que la ordenanza no prevé la restitución de los beneficios sociales una vez quitados, en tanto que indicó que habrá un sistema de intercambio de información entre áreas al momento de otorgar subsidios o asistencias sociales.

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