Sachetto enumeró los reclamos más usuales que recibe la Auditoría General

El auditor general de Villa María, Rafael Sachetto, comentó los casos más típicos por los que los vecinos recurren a dicho organismo.

En primer lugar mencionó los pedidos de asistencia para tramitar los subsidios energéticos, mientras que en segundo lugar ubicó lo relacionado a los aumentos y términos de los contratos de alquiler.

“Ha habido un aumento en la demanda comparando la primera mitad del año pasado con la primera mitad de este año sobre todo en el aumento de las tarifas y ayuda para percibir los subsidios energéticos”, comentó Sachetto a este medio.

“Ocupa el primer lugar en el ranking de atenciones el formulario de segmentación energética”, aseguró, indicando que hay tiempo para tramitarlo hasta el 4 de septiembre.

En segundo puesto destacó los aumentos de alquiler. “En otras ocasiones tiene que ver con los requerimientos a la hora de dejar el inmueble”, agregó.

“Siempre decimos que la relación es muy desigual entre quien tiene 20 o 30 casas para alquilar, y el que necesita una casa para vivir”, sostuvo Sachetto.

“La Auditoría funciona como mediador entre esas exigencias que a veces son desubicadas. Se busca lograr equiparar las relaciones de fuerza entre un usuario final o consumidor de un bien o servicio y una gran empresa, una multinacional, una inmobiliaria que tiene un montón de casas para alquilar”, explicó.

Reclamos por el estacionamiento medido de los frentistas que no tienen garaje

“En este caso no hay regulación en la ordenanza y tienen que pagar inexorablemente el costo total del estacionamiento si dejan los vehículos en la vereda de su casa todo el día”, comentó sobre esta problemática.

“Estamos juntando todos los elementos, y vamos a volver a insistir con este tema porque es un elemento a tener en cuenta. Si el sistema busca atender a toda la sociedad tiene que buscar una solución”, aseveró Sachetto.

Cobertura de las obras sociales

Finalmente, el auditor general habló sobre otra problemática recurrente: “Hay dos cuestiones. Una vinculada a las prepagas, a los costos y a los aumentos, y que en muchos casos termina en la desafiliación porque es imposible afrontar los costos”, comentó.

“En diciembre una prepaga familiar estaba en 80 mil pesos, y en marzo/abril llegaba a 300 o 400 mil pesos. Tenemos casi nula respuesta de las prepagas”, agregó.

“Y en relación a las obras sociales el caso es otro. Va más a la negativa de hacer las prestaciones a las que están obligados o que el afiliado necesita, sobre todo en casos de baja incidencia pero altísimo costo, como por ejemplo tratamientos oncológicos o crónicos”, dijo.

“Ahí si tenemos un poco más de respuestas luego de una insistencia bastante fuerte, semanal y a veces diaria, sobre todo en casos donde la posibilidad de vida está directamente vinculada al tiempo”, concluyó Sachetto.