Advierten en Villa María por un proyecto de ley que podría afectar derechos de personas con discapacidad

Referentes de organizaciones vinculadas a la discapacidad en Villa María manifestaron su preocupación ante un proyecto de ley impulsado a nivel nacional que, según señalaron, implicaría un retroceso en materia de derechos y acceso a prestaciones.

María Sarsa, integrante de la Asociación Hablemos de Autismo y Neurodiversidad, explicó que el sector se encuentra en estado de alerta no solo por esta iniciativa, sino también por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente desde el año pasado. “El Gobierno Nacional vuelve a la carga contra las personas con discapacidad. No se está cumpliendo la ley y ahora buscan modificar el sistema con un proyecto denominado ‘contra el fraude de pensiones por invalidez’”, indicó.

En la misma línea, la abogada local, Carolina Coria, también parte de la Asociación Hablemos de Autismo y Neurodiversidad, sostuvo que la propuesta excede el alcance que sugiere su nombre. “No solo afecta a las pensiones, sino a todo el sistema de prestaciones. Se modificarían aspectos centrales que impactan directamente en la vida de las personas con discapacidad”, advirtió.

Entre los puntos cuestionados, mencionaron la posible eliminación de la compatibilidad entre empleo formal y el cobro de pensiones, una medida que había sido incorporada como avance en la legislación vigente. También alertaron sobre la implementación de auditorías periódicas y reempadronamientos, que podrían derivar en la baja de beneficios sin garantías claras de restitución.

Otro aspecto que genera preocupación es el eventual traspaso de responsabilidades desde Nación hacia las provincias en materia de cobertura de prestaciones, lo que, según indicaron, podría sobrecargar los sistemas locales y generar desigualdades en el acceso.

Asimismo, señalaron que el proyecto plantea cambios en el nomenclador establecido por la Ley 24.901, que fija valores uniformes para las prestaciones en todo el país. De avanzar esta modificación, cada obra social o prestador podría definir los costos de manera individual. “Esto abriría una brecha socioeconómica muy grande: quienes puedan pagar accederán a las prestaciones, y quienes no, quedarán excluidos”, remarcaron.

Las referentes también subrayaron que, pese a que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada y está vigente, su implementación es parcial debido a la falta de financiamiento. “Se avanzó en algunos aspectos, como actualizaciones arancelarias, pero falta mucho para su aplicación plena”, explicaron.

En ese contexto, consideraron que el nuevo proyecto implicaría “volver a foja cero e incluso peor”, ya que podría desarticular el sistema actual. “Lo que se está haciendo es segregar al colectivo de personas con discapacidad y dejarlas prácticamente sin protección estatal”, afirmaron.

Finalmente, convocaron a la comunidad a informarse y acompañar los reclamos. “No es una reforma, es un retroceso. Vamos a seguir visibilizando esta situación y llamando a la participación en futuras movilizaciones en la ciudad”, concluyeron.