Una agrupación feminista acusó a la Justicia villamariense de clasista y patriarcal por condenar a madre e hija por venta de drogas.
El fallo tuvo lugar el 25 de noviembre del año pasado, casualmente el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esa oportunidad, la Cámara del Crimen condenó a Carlina Leonor Sosa, de 47 años, y a su hija Wanda Celeste Romero, de 20 años.
En el juicio, de carácter no abreviado, se enumeraron los distintos envoltorios que fueron encontrados en el domicilio donde vivían, ubicado sobre la calle Intendente Seydel, todos conteniendo sustancias compatibles con marihuana y clorhidrato de cocaína.
Además, se detalló una ocasión en la que Carlina Leonor vendió 0,3 gramos de cocaína por un valor de mil pesos.
Sosa fue condenada a 4 años de prisión por “Comercialización de estupefacientes”, mientras que Romero fue condenada a 3 años y seis meses por “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, manteniendo la modalidad de prisión domiciliaria con la que llegó al juicio.
Ambas mujeres fueron defendidas por el abogado Manuel Arturo Argüello; la vocal fue la Dra. Edith Lezama de Pereyra y el fiscal de Cámara fue el Dr. Francisco Márquez.
Refiriéndose a este fallo, la agrupación “Juntas y a la izquierda” compartió con este medio un texto en el que se habla de “una justicia villamariense decadente”, acusando a jueces y fiscales de no cumplir con la “perspectiva de género” y proponiendo que estos sean elegidos por el voto popular.
A continuación, el comunicado completo:
La justicia de Villa María: un ejemplo de clasismo y patriarcado.
El 25 de noviembre de 2024, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo un juicio en la ciudad de Villa María, que puso de manifiesto la injusticia y la discriminación que enfrentan las mujeres en el sistema judicial argentino.
Carlina Sosa y Wanda Romero, dos mujeres con historias de lucha y resistencia en sus proyectos de vida, fuerón condenadas por posesión de drogas para consumo personal y una de ellas por cuasi narcomenudeo, tomando en cuenta las palabras de ellas que son las protagonistas de los hechos, nunca fueron escuchadas.
El día del allanamiento la FPA y su mal accionar (Fuerzas Anti Narcoticos) sabían que Wanda no se encontraba en la casa llegó luego al salir de su trabajo, cuando redactan el acta de procedimiento ponen lo contrario como si ella ya estuviera allí (Mal procedimiento).
La condena de Carlina y Wanda es un claro ejemplo de la justicia clasista y patriarcal que impera en nuestro país, esto se debe a que los fiscales y los jueces son elegidos por el Poder Politico.
La falta de programas de recuperación y apoyo para jóvenes como Wanda de 20 años, que no terminó el secundario y necesita atención psicológica, es un indicador de la decadencia del sistema judicial de Villa María. Mucho castigo por ser mujer, joven, pobre y por fumar un porro, pero nada para reinsertar socialmente a quien se juzga.
Entonces Wanda fue un número al mérito de fiscales verborrágicos, que ya no saben que hacer para seguir en sus cargos y currando con eso como si fueran intocables. Se la juegan a la moral de la gente como si fueramos ignorantes.
La situación de Carlina, que es criminalizada por ser mujer pobre y madre de 7 hijos, también le toca sufrir su patología de base, diabetes tipo II, esto es preocupante. La falta de acceso a tratamiento médico adecuado en el sistema penitenciario es un claro ejemplo de la violación de los derechos humanos.
Exigimos la absolución de Wanda Romero y rever la condena, además que pueda acceder a la salud, educación y a salidas transitorias para trabajar, llevar a su hijo a jardín de 4 años que es obligatorio y visitar a su madre.
Para Carlina Sosa exigimos la liberación en la reconsideración de la presentacion de casación. Es hora de que la justicia argentina deje de ser un instrumento de opresión y discriminación para nosotras y se convierta en un sistema justo y equitativo para todas las personas.
Si Wanda y Carlina fueron las protagonistas de los hechos, porque solo importó la palabra de un fiscal que ha demostrado estar en contra de la lucha de las mujeres de Villa María y que viene dejando precedentes como la jueza Edith Lezama de Pereyra que ya fue cuestionada por el TSJ en cuanto la perspectiva de género en un caso de acoso sexual.
Entonces es cuando muchas nos preguntamos ¿Y la perspectiva de género? Que realmente estén a la altura de los tiempos que corren y que los jueces y fiscales sean capacitados por organismos universitarios con seguimiento de las organizaciones sociales.
Desde Juntas y a la Izquierda proponemos que los jueces y los fiscales sean elegidos por voto popular y que los cargos puedan ser revocados si no cumplen con la función pública al servicio de las mayorias, que no sean vitalicios, porque se sesgan de Poder.
Hoy más que nunca tenemos que abogar en las calles nuestros derechos que no se cumplen desde la justicia, pero además hoy este gobierno nos los quiere quitar.
#AbajoElPatriarcado!
JUNTAS Y A LA IZQUIERDA

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