Luego de que se revocara la prisión domiciliaria de Rodrigo Santi, Villa María Ya! habló con Emilce, madre de uno de los chicos que habrían sido abusados en el cuartel de bomberos de La Playosa.
Los querellantes sostienen que la prisión domiciliaria nunca se debería haber concedido. Aún así, las condiciones fueron incumplidas (una de estas era que Santi no podía tener ningún dispositivo electrónico y mucho menos conectado a internet), y la mayor parte del tiempo el imputado estuvo sin tobillera electrónica.
«En estos últimos días estuvimos muy activos a nivel social, queríamos que la jueza de control nos escuchara para revocar la prisión domiciliaria porque la considerabamos totalmente inusual para ese tipo de delito. Nos dejaba en una situación de muchísima inseguridad con las víctimas», comentó Emilce.
«Ayer tomé conocimiento por mi abogado de que se había revocado la prisión domiciliaria; mucha gente nos preguntaba si estabamos felices, y la verdad que no, ojalá no hubiesemos tenido razón. Nosotros veníamos sosteniendo desde hace varias semanas que esta prisión domiciliaria no era apta para esta persona, y considerabamos que algún dispositivo electrónico tenía por menciones de vecinos de la zona», agregó.
«Esta persona siempre se ha contactado a través de su celular para acercarse a las víctimas, y con el tema de la pornografía infantil, entonces el celular era su campo de acción. Nos pareció un despropósito que nadie haya resguardado esto. Y fundamentalmente, de esto me hago cargo personalmente, creo que su entorno no entendió la gravedad de la situación y lo que esta persona ha cometido, porque han sido quienes le acercaron el celular», aseguró la mujer.
La tobillera electrónica
El abogado de Emilce, José Corigliano, comentó que durante 20 días el imputado estuvo sin tobillera electrónica. Al hacerse pública la situación mediante la exposición mediática, la Justicia realizó una encuesta vecinal para saber si Santi había salido o no a la calle en este lapso.
«Ahí nosotros tomamos conocimiento que ingresó un policía; este debería haber visto si había o no un módem, y el primer objeto secuestrado en el allanamiento de ayer fue un módem, que es justamente lo que no podía tener. Dentro de la resolución del otorgamiento de la prisión domiciliaria claramente especifíca que no puede tener ningún tipo de aparato que le de conexión o internet», dijo el letrado.
«Estamos contentos por un lado porque esto el da tranquilidad a las víctimas, que esta persona está donde siempre debería haber estado, pero por otro lado nos deja una gran incertidumbre sobre hasta donde llega el control de la Justicia cuando se apresura a tomar decisiones de esta índole», sostuvo Corigliano.
«Una domiciliaria a una persona joven, sin problemas de salud, sin preguntarle a las víctimas, solamente sirviéndose de un informe privado de un psicólogo de parte del victimario. El equipo técnico del Poder Judicial no intervino, la fiscal no pidió que interviniera, fue todo de parte de un informe privado», explicó.
Sobre la tobillera, Corigliano asegura que en el expediente no figura la solicitud para colocar este dispositivo de rastreo, e incluso el Servicio Penitenciario le hizo saber a la fiscal Companys que el imputado salió de la cárcel sin la tobillera.
«A raíz de la exposición, de haberse hecho público, de la presión y la fuerza de Emilce, no quedó otra que reveer los requisitos para sostener la domiciliaria, y la fiscal toma la decisión el 13 de enero de colocar de manera urgente la tobillera», contó.
«Esta prisión domiciliaria es un precedente peligroso. Revocarla y reconocer el error es positivo, hasta ahora la fiscal no reconoció el error, la revocó porque violó los requisitos para sostenerla», afirmó.
Más irregularidades y posible corrupción en el cuartel de Bomberos de La Playosa
«Cuando iniciamos la causa hicimos una extensísima presentación hablando de la causa que nos compete que es un abuso, y mencionamos que había comentarios de otras víctimas. Rápidamente la fiscal pidió las testimoniales oportunas y ahí descubrió que existían otros abusos», sostuvo Corigliano.
«Con el tiempo fuimos presentando nueva documental y otros testigos, y ahí la fiscal pudo encontrar irregularidades económicas y administrativas muy grandes. Se creó un expediente paralelo que investiga cuestiones de índole económica y mal desempeño de funciones», contó el abogado.
«No somos querellantes, pero creemos que es oportuno que instituciones que están relacionadas tomen participación. Nosotros presentamos una denuncia por abuso y en breve va a haber justicia, pero consideramos que las instituciones relacionadas se presenten como querellantes para que las instituciones no se manchen», dijo mencionando a la Federación de Bomberos provincial y al propio cuartel de La Playosa.
¿Hubo acompañamiento de la sociedad villamariense y de La Playosa?
«Fundamentalmente en este último tiempo que planteamos la situación de salir a exponer. No es fácil exponer tu vida, tu privacidad y una causa tan dolorosa como esta, pero la gente con el correr de las semans se fue sumando y acompañando cada vez más», respondió Emilce.
«En líneas generales estoy muy agradecida con la gente de La Playosa, de la zona, de las organizaciones de mujeres de Villa María que se han acercado para apoyarnos. Sí hay que recalcar que esto fue un camino muy largo y doloroso de todo un año, donde mucha gente amparó esto y se habló de que lo hacíamos por envidia o por hacer una cama», comentó.
«Es un paso muy difícil de dar porque no todas las víctimas pueden hablar, lo estamos viviendo al día de hoy, hay muchas víctimas que no pudieron hablar. En mi caso tuve el acompañamiento de mi hijo para poder hacerlo, y tuvimos que exponernos de esta manera», sostuvo la madre.
«Hoy la sociedad después de un año está comprendiendo y reaccionando, pero esto no debería ser así. Hay muchísimas instituciones que tendrían que haber alzado la voz, Bomberos es una de ellas, no solo se debería haber constituído como querellante en la causa de delitos económicos sino también en esta misma causa para ver qué pasaba con sus integrantes», continuó.
Además del cuartel de La Playosa, mencionó a la Federación de Bomberos y Escuela Nacional de Cadetes, entidades de las que Santi formaba parte: «Hay muchas instituciones que con el silencio terminaron amparando que vivieramos solos todo este tránsito».
«Nosotros no queremos manchar a la institución, no es nuestra intención, al contrario, estamos pidiendo que realmente vayan en busca de la verdad para no manchar a la institución, este silencio que están realizando es un ocultamiento», aseguró.
«No sabemos qué están protegiendo, si es por miedo o desconocimiento, pero tienen que tomar el toro por las hastas, pero necesitan limpiar el nombre de la institución que no lo mancharon los denunciantes, lo manchó una sola persona y la connivencia de todos los que tenía alrededor», concluyó la madre.
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