Causa Santi: la querella cuestiona la pena acordada y denuncia graves faltas éticas en el proceso

El abogado José Corigliano, representante de una de las querellas en la causa contra Rodrigo Santi, ex bombero imputado y confeso por múltiples hechos de abuso sexual contra menores, denunció un “viraje escandaloso” en el expediente judicial que, según afirmó, terminó garantizando beneficios inadmisibles para un abusador y dejando a las víctimas completamente desprotegidas.

Santi está imputado por cinco hechos: tres abusos sexuales simples a menores de edad, tenencia de pornografía infantil y un abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso con corrupción de menores. De acuerdo a Corigliano, por la gravedad, reiteración y el abuso de poder ejercido sobre jóvenes aspirantes a bomberos, la pena esperable en un juicio ordinario debía ubicarse entre los 12 y 14 años de prisión efectiva.

Sin embargo, el camino judicial derivó en un acuerdo de juicio abreviado con una pena de apenas ocho años. “Es una condena irrisoria frente a la magnitud del daño causado. Ocho años para un abusador serial de niños y adolescentes, con una confesión plena, no resiste ningún análisis jurídico ni ético”, sostuvo el letrado.

La situación se agrava aún más porque, junto con ese acuerdo, se otorgó al imputado el beneficio de la prisión domiciliaria. “Estamos hablando de un hombre sano, de 31 años, sin ninguna condición que justifique este privilegio. No es habitual, no es lógico y no es aceptable que un abusador confeso de menores espere su condena en una casa, sin controles reales y en una zona cercana a escuelas”, afirmó Corigliano.

Para la querella, el punto de quiebre en el expediente se produce con el ingreso del abogado Alejandro Bianco como defensor de Santi. Hasta ese momento, la investigación avanzaba con normalidad: la querella tenía acceso al expediente, se incorporaban pruebas y las víctimas eran escuchadas. Con el cambio de patrocinio, esa dinámica se quebró. “La querella dejó de ver el expediente, dejó de ser informada y dejó de cumplir su rol legal de control. El proceso se volvió opaco”, denunció.

Corigliano remarcó que Bianco se desempeñó previamente como funcionario de la fiscalía y tuvo el expediente en sus manos. “Conocía los testimonios, los puntos fuertes y los puntos débiles de la causa. Pasó de auxiliar del fiscal a defensor del imputado. No es ilegal, pero es profundamente antiético”, subrayó.

En ese sentido, cuestionó duramente los valores que rigen parte del ejercicio profesional. “No todos los abogados jugamos con las mismas reglas. No todos tenemos el mismo estándar moral. Acá hay una inequidad brutal de armas: quien defendió al abusador tenía más información que la propia querella que representa a las víctimas”, afirmó.

En ese sentido, la querella presentó una denuncia ante el Colegio de Abogados por presunta violación al Código de Ética. La conciliación se realizó el 18 de diciembre y fue ratificada. “Creemos que no corresponde, no es moral, no es profesional y no es compatible con una justicia que pretenda ser creíble”, expresó Corigliano. Además, señaló que, pese a que no se trata de una conducta ilegal, “la Justicia no solo debe ser honesta, debe parecerlo”.

Otro punto central de la crítica es el absoluto desamparo de las víctimas. Según denunció el abogado, ni los niños ni sus familias fueron informados ni consultados antes de conceder la prisión domiciliaria. “Nunca les preguntaron qué necesitaban para sentirse seguros. Hoy esos chicos viven con miedo, dejan de salir, de andar en bicicleta, de hacer su vida normal, mientras el abusador duerme con aire acondicionado”, afirmó.

Actualmente, la querella trabaja en la oposición formal a la prisión domiciliaria y reclama que Santi vuelva a la cárcel común, sin beneficios, hasta que se defina su situación judicial. También aguardan que la jueza de Control, Soledad Dottori analice en profundidad el acuerdo abreviado y decida si lo rechaza o exige modificaciones.

“Si este acuerdo se cae, el camino es el juicio ordinario, con una pena mucho mayor. Eso es lo que corresponde”, concluyó Corigliano. “Porque cuando la Justicia empieza a negociar penas bajas y privilegios para abusadores de niños, el mensaje para la sociedad y las familias damnificadas es devastador”.

Dr. Alejandro Bianco cuestionado por su vínculo con la Fiscalía.