El Tribunal de Villa María condenó a Aldo Alberto Avendaño, de 47 años y vecino del barrio Botta, a dos años de prisión efectiva por los delitos de amenazas, desobediencia y resistencia a la autoridad, con declaración de reincidencia y revocación de su libertad condicional.
El juicio se llevó a cabo ante la jueza Dra. Flores, con la intervención del fiscal de Cámara Dr. Francisco Márquez, quien actuó en representación del Ministerio Público Fiscal y sostuvo la acusación durante el proceso.
El hecho ocurrió el 24 de noviembre de 2024, alrededor de las 18 horas, cuando la víctima y su madre se encontraban trabajando en un carribar vendiendo panchos frente a un boliche de la ciudad. Según la acusación, Avendaño comenzó a insultarlas con expresiones racistas, gritándoles “negras de mierda”, y continuó con los agravios hasta que, fuera de control, pateó el carribar, golpeó a una de las mujeres y las amenazó de muerte, asegurando que iba a prender fuego el puesto con ellas adentro.
Tras retirarse del lugar en su vehículo, el hombre regresó minutos después. Al llegar la Policía, insultó e intentó agredir a los efectivos, por lo que fue finalmente aprehendido. Durante el juicio, Avendaño reconoció su responsabilidad y pidió disculpas a las víctimas. “Me hago cargo de lo que hice y le pido perdón a las chicas”, expresó ante el tribunal.
La defensora pública Florencia Vottero argumentó que el acusado actuó bajo una fuerte intoxicación alcohólica, señalando además que había sido agredido con chimichurri durante el incidente. Sin embargo, el fiscal Francisco Márquez sostuvo la acusación por los delitos de amenazas, desobediencia y resistencia a la autoridad, solicitando 11 meses de prisión efectiva y la unificación con una pena previa dictada en 2020.
Avendaño ya había sido condenado el 23 de junio de 2020 por tenencia de arma de fuego, tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad, causa por la cual recibió una pena de cuatro años de prisión que cumplió hasta el 12 de febrero de 2025.
En esta oportunidad, la jueza Dra. Flores resolvió unificar ambas condenas y revocar la libertad condicional, estableciendo una pena total de dos años de prisión de cumplimiento efectivo con declaración de reincidencia.
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