La agrupación Verdad y Justicia elevó un reclamo luego de la detención de los abogados que participaron en el proceso por el homicidio de Eduardo Ferreyra.
En un documento presentada este jueves, hacen alusión al juicio contra Lucas Ezequiel Unzeta, quien apuñaló a Ferreyra por la espalda siendo menor de edad. Por este delito fue condenado a pasar seis meses en el Complejo Esperanza.
Su abogada fue la Dra. Teodora Perassi y el representante de la querella fue el Dr. Alejandro Bianco, ambos del mismo estudio jurídico y actualmente detenidos en el marco de una misma causa. Además, Bianco había sido ayudante de la fiscal Companys, quien instruyó el caso de Ferreyra.
Los familiares de la víctima manifestaron en la carta “un profundo rechazo, dolor e indignación ante las irregularidades detectadas en el proceso judicial y la sentencia dictada”.
El comunicado
El Conflicto de Intereses y Falta de Ética
Denunciamos públicamente una situación que vulnera el derecho a una defensa transparente y la confianza en el sistema judicial:
Se ha constatado que el abogado que representó a la víctima (Querellante), el Dr. Alejandro Bianco, y los defensores del victimario Unzeta, la Dra. Perassi Silva, pertenecen actualmente al mismo estudio jurídico.
Esta vinculación entre las partes técnica y defensora representa una clara falta de ética profesional y un conflicto de intereses que nos hace sentir defraudados y engañados. ¿Cómo es posible garantizar la imparcialidad y el máximo esfuerzo en la acusación cuando existen vínculos profesionales directos con la defensa del asesino?
Dudas sobre la Imparcialidad en la Investigación
La investigación estuvo a cargo de la Fiscal Juliana Erica Companys. Resulta imperativo señalar que el Dr. Alejandro Bianco se desempeñó anteriormente como Prosecretario de dicha fiscal. Esta cercanía de roles suma un manto de duda sobre la objetividad del proceso, sugiriendo una estructura de relaciones que pudo haber condicionado el avance de la causa.
Una Sentencia que Insulta la Memoria de la Víctima
El resultado de este proceso ha sido una condena de tan solo 6 meses en el Complejo Esperanza para Lucas Ezequiel Unzeta. Consideramos que esta pena es totalmente desproporcionada para un asesinato por la espalda.
Al momento de la condena, Unzeta ya era mayor de edad y contaba con antecedentes por nuevos delitos, factores que debieron ser determinantes para una pena efectiva en un establecimiento penitenciario y no en un centro de menores.
Conclusión:
La familia Ferreyra no se quedará en silencio ante lo que consideramos una burla a la justicia. Exigimos que las autoridades correspondientes y el Colegio de Abogados revisen el accionar de los profesionales involucrados. El asesinato de Eduardo no puede quedar impune bajo el amparo de tecnicismos o relaciones de oficina.
Exigimos verdad, transparencia y una justicia real.
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