El Tribunal de Ética Judicial de Córdoba emitió una resolución que abre un sumario administrativo contra la fiscal Juliana Companys, encargada de la investigación del caso Generación Zoe en Villa María. La medida surge tras una denuncia presentada por el abogado Guillermo Dragotto, representante de Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista, imputados en el caso.
Dragotto argumentó que la fiscal habría incurrido en irregularidades éticas al participar en el documental de Netflix El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe, cuando la causa aún estaba en etapa de investigación. Ante la situación, Dragotto afirmó: “Al momento en que ella había dado esa entrevista, que luego aparece en el documental, ni siquiera ella había hecho el requerimiento de elevación a juicio, es una causa que estaba en plena investigación”.
La denuncia también señala como irregular el uso de las oficinas de la fiscalía y de tribunales como set de filmación para el documental. “Los términos, el lugar en donde se hizo, que hayan incluido las oficinas de la fiscalía y de tribunales para hacer un set de filmación, todas esas irregularidades las planteamos”, afirmó el abogado.
”Cuando Companys contestó la vista de este pedido que habíamos hecho, ella en la misma dio algunas explicaciones que en definitiva no fueron corroboradas”, aseguró el jurista. En ese sentido, también señaló que las autorizaciones relacionadas con el uso de las instalaciones presentaron inconsistencias ya que el ”personal del Superior Tribunal de Justicia había dado otra información en cuanto a cómo se había llevado adelante el tema de las autorizaciones con la productora”.
La resolución y posibles sanciones
Luego de la denuncia, el Tribunal de Ética no solo reconoció los planteos realizados por el letrado, sino que remitió la causa al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, lo que derivará en un sumario administrativo.
”Este sumario administrativo también puede dar a una sanción mayor, no solo administrativa, sino también judicial en contra de la fiscal. Incluso en algunos casos se ha hasta iniciado un jury por cuestiones por el estilo, por eso entiendo que ese sumario va a ser muy importante a los fines de terminar la verdadera responsabilidad de la fiscal”, concluyó.
El caso Generación Zoe
Cabe recordar que el caso Generación Zoe, investigado por la fiscal Juliana Companys, involucra una presunta red de estafas liderada por Leonardo Cositorto, fundador de la organización, y su equipo. La organización prometía grandes retornos financieros a los inversores mediante un modelo basado en supuestas inversiones en criptomonedas, coaching ontológico y desarrollo personal.
Sin embargo, según las investigaciones judiciales, este esquema operaba bajo un sistema piramidal o Ponzi, donde las ganancias de los inversores iniciales se pagaban con el dinero de nuevos participantes.
En Villa María, la organización tenía una sede que funcionaba como núcleo de operaciones y captación de inversores. A través de cursos y propuestas de “inversiones seguras” con rendimientos en dólares, lograron captar a cientos de personas de la ciudad y la región, quienes invirtieron grandes sumas de dinero. Según las denuncias, muchos de ellos no solo perdieron su capital inicial, sino que quedaron endeudados al haber accedido a préstamos o vendido propiedades para participar en el sistema.
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