El gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar, una iniciativa que busca ofrecer una alternativa a las familias que atraviesan dificultades económicas y financieras para cumplir con sus obligaciones.
El proyecto apunta a facilitar la refinanciación, reprogramación o reestructuración de determinadas deudas con el objetivo de reducir el costo financiero, evitar un mayor deterioro de la situación crediticia y contribuir a la recuperación progresiva de la capacidad de pago de los hogares.
La propuesta contempla la participación voluntaria de bancos y emisoras de tarjetas de crédito, que deberán ofrecer líneas especiales de financiamiento para las personas alcanzadas. Las operaciones tendrán una Tasa Nominal Anual (TNA) fija máxima del 35% y podrán extenderse entre 24 y 48 cuotas mensuales.
El programa alcanzará deudas originadas en préstamos personales, saldos financiados de tarjetas de crédito y otras modalidades de financiamiento utilizadas para afrontar gastos ordinarios, necesidades básicas y la subsistencia del hogar. Quedarán excluidas las obligaciones vinculadas directa o indirectamente con juegos de azar y apuestas, así como aquellas contraídas para cancelar deudas originadas en esos conceptos.
El acceso estará focalizado en personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad financiera. Para ingresar, deberán acreditar domicilio en la provincia de Córdoba con una antigüedad mínima de dos años y haber estado clasificadas en Situación 2 o Situación 3 de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central al 31 de julio de 2026.
Además, deberán cumplir con determinados criterios económicos, financieros y patrimoniales que serán definidos por la autoridad de aplicación. Entre otros aspectos, se podrán considerar los ingresos del solicitante y de su grupo familiar, la titularidad de inmuebles, vehículos y otros bienes registrables, la existencia de activos financieros e inversiones y la relación entre los ingresos disponibles y las obligaciones financieras.
La iniciativa también contempla un incentivo para que los bancos y emisoras de tarjetas se incorporen al programa. Las entidades adheridas tendrán una alícuota del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre los intereses y ajustes correspondientes a las operaciones de refinanciación, reprogramación o reestructuración realizadas dentro del régimen.
El Ministerio de Economía de Córdoba será la autoridad encargada de instrumentar el programa, establecer los procedimientos de adhesión y acreditación, verificar el cumplimiento de los requisitos y disponer los mecanismos de registración, información y control. También podrá celebrar convenios con organismos públicos, entidades financieras y emisoras de tarjetas para facilitar su implementación.
Una vez sancionada y reglamentada la ley, el programa tendrá una vigencia de tres meses calendario, período durante el cual podrán concretarse las operaciones comprendidas.
El proyecto llega en un contexto en el que el endeudamiento y la morosidad de las familias también generan debate a nivel nacional. Mientras el Gobierno de Javier Milei mantiene una postura contraria a impulsar un esquema estatal de alivio para los deudores y sostiene que la salida debe darse principalmente mediante la negociación entre privados y la mejora de las condiciones financieras, Córdoba propone una herramienta concreta para facilitar el reordenamiento de las obligaciones de las familias.
Con la iniciativa, Llaryora busca intervenir sobre el problema mediante una combinación de refinanciación a tasas y plazos predeterminados, requisitos de acceso e incentivos fiscales para promover la participación del sistema financiero, con el foco puesto en los hogares cordobeses que presentan dificultades para afrontar sus deudas.
– Redacción Villa María Ya!
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