Rompió el silencio la familia y la defensa de Rodrigo Santi tras la exposición pública del caso

A partir de la fuerte viralización mediática del caso que involucra a Rodrigo Santi, ex bombero de La Playosa e imputado por cinco hechos de abuso sexual contra menores, Villa María Ya! accedió a una entrevista con su actual defensora, la abogada Teodora Perassi, y con su madre, Maris Raquel Valdés, quienes brindaron su versión del proceso judicial, denunciaron amenazas y cuestionaron la exposición pública del caso.

Santi se encuentra imputado por tres hechos de abuso sexual simple, un hecho de abuso sexual con acceso carnal, tenencia de pornografía infantil y corrupción de menores, todo en concurso real.

En primer lugar, su madre expresó que no le resultaba fácil hablar en los medios de comunicación, pero que hoy, como madre, sentía la necesidad de hacerlo debido a que —según afirmó— se han difundido públicamente versiones que no reflejan la realidad del proceso. Valdés aclaró que comprende el rechazo social que generan este tipo de causas, al tratarse de hechos graves, sensibles y dolorosos.

“Mi hijo hoy tiene 31 años y lleva más de un año privado de su libertad”, declaró Valdés, detallando que inicialmente estuvo detenido en una cárcel común y que actualmente cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Esta medida, explicó, fue otorgada por la Fiscalía y controlada por la justicia a raíz de un cuadro de depresión severa. En ese sentido, enfatizó: “No está libre y continúa imputado dentro de un proceso judicial”.

Respecto al inicio de la causa, Valdés sostuvo que no comenzó con una denuncia directa por abuso sexual, sino en el marco de un conflicto institucional previo dentro del cuartel de bomberos voluntarios de La Playosa, donde su familia ocupaba cargos jerárquicos. Según relató, su esposo fue jefe del cuartel durante más de 30 años y Rodrigo llegó a desempeñarse como director de la Academia Nacional de Aspirantes a Bomberos, lo que —según expresó— generó tensiones internas. “No sé si esto generaba envidia o mucha desconformidad, pero éramos constantemente hostigados”, afirmó.

Previo a la denuncia penal, Valdés aseguró que ya existían situaciones de tensión y maniobras internas que, según su visión, tenían como objetivo desplazar a su familia de la institución, hecho que finalmente ocurrió.

En ese contexto, relató que tiempo después se radicó la denuncia contra su hijo, la cual —según explicó— se inició a partir de un presunto “tocamiento de rodilla” a un joven de 16 años, denuncia realizada por la madre del menor. A partir de allí, indicó, se mencionaron “supuestas conversaciones” vía WhatsApp con otras personas “mayores de edad”, según expresaron, lo que derivó en la detención inmediata de Santi.

Valdés agregó que siete meses después apareció un segundo denunciante, hoy de 25 años, quien inicialmente fue citado como testigo y posteriormente relató un hecho que habría ocurrido entre 12 y 14 años atrás. Según explicó, el declarante no pudo precisar con exactitud el tiempo ni la edad, y sostuvo que, por los años mencionados, su hijo “también podría haber sido menor de edad” al momento del hecho. Afirmó además que esta información fue conocida por la familia mucho tiempo después y que hasta entonces no tenían real conocimiento del alcance total de las acusaciones.

En relación al proceso judicial, Valdés aseguró que durante gran parte del mismo, mientras eran representados por el abogado Hayas, no tuvieron acceso al expediente. Señaló que, cada vez que lo solicitaban, se les informaba que no era posible acceder al mismo. Esta situación, también fue planteada por la querella en nostas anteriores. Asimismo, afirmó que su hijo le pidió de manera insistente, a su entonces defensor, que presentara pruebas para demostrar su inocencia, algo que, según dijo, no ocurrió.

Cuando decidieron cambiar la defensa y designar a la abogada Teodora Perassi, la causa ya se encontraba encaminada a juicio y sin posibilidades de incorporar pruebas. En ese contexto, la nueva defensora planteó la posibilidad de un juicio abreviado inicial y solicitó la prisión domiciliaria, medida que fue concedida por la Fiscalía.

Desde la defensa señalaron que existen antecedentes de situaciones similares, incluso en causas de abuso sexual, donde se otorgaron prisiones domiciliarias o penas menores. En ese marco, Perassi mencionó el caso del profesor Fuentes, condenado a tres años de prisión, quien también accedio a la domiciliaria, brindada por la Fiscalía de 3er Turno a cargo de René Bossio, pero diferenciándolo de la alta exposición mediática que tiene el caso Santi. También aludió, sin brindar nombres, a causas de personas con acceso al poder que transitan procesos judiciales en libertad o con beneficios procesales, remarcando que en este caso se generó una condena social anticipada.

Durante la entrevista, revelaron además que desde una de las partes querellantes existió un acercamiento con el objetivo de arribar a un acuerdo económico, lo que implicaría la modificación de declaraciones de testigos. Aclararon que desconocen si dicha propuesta contaba con autorización de las personas representadas por la querella y afirmaron que la familia rechazó esa posibilidad. “Creemos que la verdad no se niega y que la justicia debe resolver los hechos, no el dinero”, remarcaron.

Valdés sostuvo que tanto ella como su familia y su hijo viven con miedo debido a la viralización del caso, la difusión de datos personales y las amenazas recibidas a través de redes sociales, algunas de ellas con expresiones de deseo de muerte. “Ninguna causa, por más grave que sea, habilita la violencia, el linchamiento ni el odio”, afirmó. Si bien dijo comprender el repudio social, pidió que se respete la vida y el debido proceso judicial. “Si algo le ocurriera a mi hijo en este contexto de violencia, sería una injusticia irreparable”, agregó.

Sobre los cambios en la defensa, explicaron que, tras advertir una defensa deficiente por parte del primer abogado, la familia designó a Alejandro Bianco y Teodora Perassi de manera conjunta. Según relataron, esto derivó en una persecución profesional que culminó con la renuncia de Bianco, situación que Perassi calificó como “atroz”. La abogada mencionó además a otros letrados —como los abogados López y Brochero— que, según indicó, atravesaron situaciones similares y la autorizaron a mencionarlos. También confirmó la existencia de una denuncia penal presentada por ella contra un grupo de abogados, a quienes acusó de intentar coaccionarla.

Perassi cuestionó que algunos abogados puedan litigar sin inconvenientes y otros no, dependiendo de quién se encuentre del otro lado del proceso, y sostuvo que para resolver conflictos profesionales existe el Colegio de Abogados.

Respecto al juicio abreviado inicial, explicó que se trata de una estrategia judicial prevista por la ley, que implica una confesión “lisa y llana” a cambio de acceder a una pena menor. Señaló que muchas veces se recurre a esta alternativa debido a los extensos plazos judiciales y al sobrepoblamiento carcelario, en nombre de la economía procesal, siempre que exista acuerdo entre el Ministerio Público, la defensa y la jueza interviniente.

En cuanto a la prisión domiciliaria, la defensora aseguró que Santi cumple estrictamente con las medidas impuestas: tobillera electrónica, prohibición de acceso a internet y dispositivos electrónicos, restricciones de visitas y salidas. Afirmó que las condiciones son equivalentes a las de una cárcel, con la única diferencia de que se cumple en el domicilio. Además, facilitaron una imagen donde se observa la tobillera electrónica colocada en lo que se presume como el tobillo de Santi, desmintiendo otras versiones, que indicaban lo contrario.

Finalmente, aclararon que, contrario a lo que se difundió en algunos medios, “no hay niños involucrados en la causa”, sino que se trata de adolescentes y jóvenes, y cuestionaron el uso reiterado del término “niños” por el impacto social que genera. También señalaron una exposición innecesaria de la situación y las presuntas víctimas por parte de las familias denunciantes.

En relación al contexto social, Valdés sostuvo que cada persona es libre de manifestarse y pensar lo que elijan, pero afirmó que como familia se encuentran unidos, sosteniéndose mutuamente, con el foco puesto en el acompañamiento psicológico y emocional de Rodrigo durante el proceso judicial. “Sabemos quién es Rodrigo y sabemos que no sería capaz de algo así”, concluyó.

– Nota escrita por Valentina Fernández

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