La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo de Villa María y Villa Nueva convocó este viernes a una concentración frente al edificio de Tribunales de Villa María para exigir justicia por el travesticidio de Jessica Núñez, ocurrido este jueves en Villa Nueva.
Amigas, compañeras y militantes del colectivo LGBTIQ+ se reunieron para recordar a Jessica y reclamar que la investigación y el proceso judicial incorporen perspectiva de género y diversidad. El pedido apunta a que su muerte no sea abordada únicamente como un hecho policial, sino en el marco de las violencias y desigualdades que atraviesan históricamente a las personas travestis.
Alejandra Navarro, amiga de Jessica e integrante del colectivo, destacó la rapidez con la que se produjo la detención de personas vinculadas al hecho, aunque reclamó que la Justicia avance hacia condenas acordes a la gravedad del crimen y no hacia respuestas destinadas solamente a generar impacto mediático.
Durante la concentración, Alejandra también recordó a Jessica desde el vínculo afectivo que las unía. En una carta de despedida, la describió como una persona caracterizada por el cuidado, la escucha y el compañerismo, y manifestó el dolor y la bronca que genera su asesinato.
La amiga de Jessica puso además el foco en las condiciones de vulnerabilidad que atravesaba y sostuvo que existieron situaciones que excedían las posibilidades de acompañamiento de su entorno y requerían una intervención estatal. En ese sentido, remarcó que, pese a las conquistas alcanzadas por el colectivo LGBTIQ+ en las últimas décadas, persisten desigualdades que continúan poniendo en riesgo las vidas travestis.
Juana Hidalgo, militante del colectivo LGBTIQ+, planteó que reclamar justicia con perspectiva de género y diversidad implica también revisar la manera en que el Estado, la Justicia y los medios de comunicación abordan estos crímenes.
Explicó que utilizar el concepto de travesticidio constituye una forma política de reconocer la identidad travesti y de señalar que estas muertes están atravesadas por una violencia específica vinculada al género. En ese marco, cuestionó las falencias en materia de formación y sensibilización dentro de las instituciones y pidió específicamente a los medios de comunicación local abandonar las coberturas mediáticas amarillistas o estigmatizantes.
Hidalgo también señaló la ausencia de pronunciamientos oficiales del Estado municipal frente al crimen y consideró que los silencios institucionales contribuyen a invisibilizar las violencias que afectan a la comunidad travesti.
Desde su perspectiva, la muerte de Jessica debe ser entendida como el resultado de una cadena previa de exclusiones: la discriminación, la falta de oportunidades laborales, la ausencia de redes de contención y la expulsión de los espacios familiares y sociales. En ese sentido, sostuvo que el travesticidio no comienza únicamente con el asesinato, sino que se encuentra precedido por otras formas de violencia y vulneración.
Durante la concentración también se planteó la necesidad de fortalecer las herramientas institucionales para enfrentar la discriminación. Hidalgo informó que organizaciones del colectivo trabajan en un proyecto de ley antidiscriminatoria provincial que será presentado en la Legislatura de Córdoba.
La iniciativa busca constituirse en una herramienta de protección frente a situaciones de discriminación y exclusión y, según explicó la militante, no pretende limitarse a una respuesta punitiva. El objetivo es incorporar también mecanismos de aprendizaje, acciones pedagógicas y reparación comunitaria para quienes ejerzan prácticas discriminatorias.
El reclamo por Jessica se da, además, en un contexto de preocupación para las organizaciones LGBTIQ+, que señalaron el asesinato de tres compañeras en distintos puntos del país durante un período de 48 horas.
Frente a los Tribunales de Villa María, la comunidad volvió a reclamar justicia por Jessica, pero también puso en discusión una demanda más amplia: que las vidas travestis sean reconocidas con la misma dignidad y protección y que el Estado asuma su responsabilidad frente a las condiciones de exclusión y violencia que atraviesan al colectivo.
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