Efecto dominó: El Gobierno de Córdoba Intervino el Servicio Penitenciario y fueron detenidas sus principales autoridades
Por los sucesos que ganaron la opinión pública como “escándalos en las cárceles”, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, resolvió la intervención del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
Fueron desplazadas las máximas autoridades y quedó detenido el jefe histórico de las cárceles cordobesas, Juan María Bouvier, imputado por asociación ilícita.
El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, imputó a Juan María Bouvier por asociación ilícita en el marco de irregularidades que vienen investigando en varias cárceles de la provincia, como el penal de Bouwer y el de Villa María.
Además fueron detenidos Víctor Hugo Vivas y Silvia Barbero, también parte de la cúpula que acaba de ser desplazada del Servicio Penitenciario.
Se encuentran acusados del mismo delito que Bouvier y se suman a una ola de aprehensiones en los últimos meses.
Gustavo Vidal Lascano, exfiscal general de la provincia de Córdoba fue designado interventor de la repartición y se lo designó como secretario de Organización y Gestión Penitenciaria.
Llayora ya había anticipado la “reforma integral del sistema de seguridad” en la Provincia.
Entre esos cambios, mencionó un “proceso de refuncionalización de la Policía de Córdoba y el Servicio Penitenciario”.
La decisión del Gobierno llegó tras la serie de escándalos en las cárceles de la provincia.
Se destaca la detención en septiembre pasado de la cúpula del penal de Villa María por el supuesto delito de asociación ilícita.
El fiscal de Instrucción de Casos Complejos, Enrique Gavier, descubrió que allí funcionaba un “call center” donde los presos cometían estafas a través de teléfonos celulares con acceso a internet.
Si bien no hubo detenciones de autoridades, otra de las cárceles con investigaciones por estafas telefónicas es la de San Francisco, donde ya hubo numerosos allanamientos y secuestros de aparatos.
El fiscal Gavier también ordenó en noviembre pasado la aprehensión de exdirector del Servicio Penitenciario, Darío José Tello Pajón, acusado de asociación ilícita y extorsión en grado de tentativa, tras los allanamientos en el penal de Bouwer.
Esta investigación da cuenta de que múltiples presos habrían tenido beneficios como salidas transitorias o la modificación de sus informes de conducta.
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