El Gobierno nacional planearía cerrar la empresa que gestiona el peaje de James Craik

Durante las últimas horas, se conoció que el Gobierno nacional querría cerrar la empresa estatal Corredores Viales S.A., que se encarga gestionar varios peajes como el de la vecina localidad de James Craik.

Asimismo, la gestión que encabeza el Presidente Javier Milei también querría bajar las persianas de la Administración General de Puertos (AGP). La información fue dada a conocer por TN, que indicó que el motivo detrás de esta decisión es que la mesa chica del Ejecutivo sostiene que son “empresas que multiplican funciones y atribuciones de otras secretarías” y asegura que las disolverá en el mediano plazo.

“No tienen razón de ser. Son diagonales que se hicieron para duplicar funciones. Ya hay áreas del Estado que se encargan de sus tareas. La idea es que dejen de existir”, expresó al medio porteño un funcionario del Gabinete.

Cabe destacar que ambas empresas dependen del ministro de Economía, Luis Caputo, que ya había anunciado además la disolución del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA), encargado de la realización de obras públicas para el acceso al agua potable.

En el caso de Corredores Viales, se trata de una sociedad anónima de capitales estatales que cuenta con una planta de 3565 empleados. Su presidente es José Luis Acevedo y el Gobierno nacional considera que tiene funciones similares a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El impacto de la Ley Bases

Por otra parte, es importante mencionar que con la sanción de la Ley Bases a Milei se le dio la facultad extraordinaria eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente, en tanto que puede además ceder organismos a las provincias que los soliciten.

Sin embargo, quedaron afuera de su intervención las dependencias de los poderes Legislativo y Judicial, así como las universidades y diferentes organismos como el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.

Finalmente, el artículo 52 de la Ley Bases establece el marco normativo para los empleados públicos que trabajan en áreas sujetas a eliminación o modificación, disponiendo que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que sean capacitados para otras tareas, o que realicen servicios tercerizados del Estado.

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