Luego de la batería de iniciativas dadas a conocer este domingo por el ministro de Economía y candidato presidencial de UxP, la titular de la cartera laboral, Raquel ‘Kelly’ Kismer de Olmos, dio precisiones sobre la implementación del «mal llamado bono» que busca «neutralizar» el impacto de la devaluación forzada por el Fondo Monetario Internacional.
Por ejemplo, se calcula oficialmente que serán 5,5 millones de trabajadores formales de empresas privadas los que accederán a una «suma fija no remunerativa» de 60 mil pesos que se pagará en dos cuotas mensuales en los meses de septiembre y octubre.
Lo recibirán aquellos que hayan cobrado en agosto salarios netos de hasta 400 mil pesos y la suma será «absorbible por las paritarias».
En ese sentido, la ministra comentó que las negociaciones salariales son «libres» y que, por esa razón, cada sector deberá estipular cuál será la modalidad en la que los pagos acordados con los empresarios se conjugarán con la suma fija.
Olmos añadió que el Ejecutivo asumirá el 100% del pago en el caso de las micro-empresas y el 50% para las pymes, mediante el pago a cuenta de contribuciones patronales.
Respecto de los trabajadores del Estado nacional, que totalizan 390 mil, recibirán la misma suma con la misma modalidad de pago en cuotas.
Consultada respecto de los estatales provinciales y municipales, la ministra recordó que la Nación no tiene potestad sobre la política salarial de esos distritos, ya que los mismos son «autónomos» en esa materia, pero que a partir de esta medida se invitará a esas jurisdicciones a implementar políticas similares para sostener el poder adquisitivo de sus propios asalariados.
En tanto, hasta 424 mil trabajadores y trabajadoras de casas particulares que están registrados recibirán 25 mil pesos en dos cuotas mensuales, proporcional a las horas trabajadas.
En paralelo, a los empleadores -puntualmente, a la persona física que figura como empleador del trabajador doméstico registrado- con ingresos de hasta un millón y medio de pesos mensuales netos ($1.500.000) y que no hayan pagado bienes personales en 2022, se les reembolsará el 50% de lo abonado.
«Esto está acompañado, además, de otras medidas como, por ejemplo, el control de precios, que implicó una decisión de retrotraer los precios de los productos de mayor necesidad y un acuerdo del 5% de ajuste mensual que se está suscribiendo con las empresas, para lo cual el estado también ha hecho una cantidad de aportes desde el punto de vista tributario», argumentó la titular de la cartera de Trabajo.
Los anuncios realizados el domingo por Massa fueron recibidos con beneplácito por el arco político expresado en el frente electoral Unión por la Patria, mientras que los representantes sindicales saludaron el esfuerzo pero destacaron la necesidad de «profundizar» lo actuado.
El presidente Alberto Fernández, por ejemplo, señaló que con el Nuevo Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para las familias argentinas, como se denominó al paquete de medidas, se comienza «a poner en marcha para que el ingreso de las y los más vulnerables no se vea afectado».
En tanto, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, destacó que «los problemas no se resuelven con menos Estado y un mercado regulando solo la economía».
«Necesitamos un Estado activo, fuerte y presente que ponga al desarrollo y la inclusión en el centro y que siempre esté donde tiene que estar: junto al pueblo», posteó en sus redes.
Por su parte, la CGT apoyó en un comunicado las medidas anunciadas porque van «en la senda de un Estado presente» y dan «una mano a todos aquellos cuya situación económica se ha visto dañada por este difícil contexto».
De igual manera, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, celebró «que el Gobierno haya reaccionado con una batería de medidas para los sectores más golpeados por la situación económica».
«Este es el camino pero aún no es suficiente. Debemos profundizar más la distribución y proteger al pueblo frente a los abusos de los especuladores», sostuvo el también diputado nacional del Frente de Todos (FdT) desde su cuenta de Twitter.
Mientras tanto, el titular del gremio de Canillitas y senador provincial bonaerense del FdT, Omar Plaini, las consideró como «paliativos frente a una situación compleja».
Las medidas llegan días después de que se cerrara un nuevo desembolso por parte del FMI y que ese organismo difundiera su recomendación al Gobierno nacional de un mayor ajuste de las cuentas públicas, en especial sobre jubilaciones y gasto social.
A contrapelo de lo aconsejado por Washington, la ministra Olmos aclaró que las iniciativas se tomaron «en virtud de la propia capacidad de decisión» soberana en una situación «extremadamente restrictiva».
«El FMI actúa como el usurero del barrio, que ahora preocupado por todo lo que le dio a (Mauricio) Macri, pretende condicionar más la capacidad de decisión de nuestro Gobierno. Nosotros estamos cumpliendo con los pagos al FMI, pero intentamos mantener el mayor nivel de autonomía y soberanía en las decisiones que nos es posible en el marco de la situación heredada», destacó.
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