Como parte de la desregulación del sector, las empresas de colectivos de larga distancia eliminaron la gratuidad para personas con discapacidad.
Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), sostuvo que esta medida responde al hecho de que el Gobierno Nacional, mediante su decreto, les quitó la cualidad de “servicio público”.
Si bien afirman que antes el Estado se hacía cargo de tan solo un 5% de los boletos gratuitos para personas con discapacidad, ahora ya no existiría obligación legal para que las empresas asuman ese 95% restante.
Desde el Gobierno, puntualmente desde la Secretaría de Transporte, aseguraron que la interpretación de las empresas es errónea y que estas deben seguir cumpliendo con la gratuidad para dichos casos. De no hacerlo, se estaría planeando la imposición de multas.
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