Dos personas de la ONG REMAR son investigados luego de la anulación de una absolución recibida en un juicio anterior. Se trata de Pedro Gómez Martín y a María Maite Varela Lorenzo, representantes de la Organización en su sede de Río Cuarto quienes son juzgados llevar adelante «largas jornadas de trabajo sin retribución alguna», sin su consentimiento y bajo amenaza «como mecanismo de coerción”.
«Seguramente todos los vecinos de Villa María hemos visto pibes pidiendo colaboración en la calle o vendiendo almanaques» menciona Patricia Gatti en su informe, esos chicos trabajan para REMAR, una organización que trabaja con personas, que según su página web son «ayudados a salir de situaciones precarias y que deciden amparar a otros que se encuentran en situación de emergencia».
La situación judicial que tiene como protagonistas a Gómez y Varela comienza cuando son acusados de explotar laboralmente, haciéndolos cumplir extensas jornadas laborales a los pibes que asisten a la ONG. Según cuenta la periodista a través del informe ellos eran obligados con amenaza de sanciones a realizar los trabajos, algo que los acusados mencionan como «disciplinar».
Disciplinar implicaba castigos como «días sin comer» o «parado contra una pared por horas», el juicio que estaba en la justicia federal decidió a través del tribunal federal número dos que en abril del año pasado que fueran absueltos.
Esto derivó en la presentación de un recurso de casación -recurso que tiene como objetivo anular sentencias judiciales a una instancia superior- por parte del fiscal federal Carlos Gonella y el fiscal general y cotitular de la procuraduría contra la trata y la explotación de personas Marcelo Colombo.
Finalmente, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que se dicte una nueva resolución anulando la sentencia en la que éstas dos personas fueran absueltas. Además, los jueces que integran la Cámara mencionada antes dispusieron que se dicte una nueva sentencia.
Para más información escuchá el informe completo de Patricia Gatti:
