Villa María, sábado 28 de septiembre de 2024

Varios villamarienses fueron condenados por delitos económicos

Días atrás, varios villamarienses fueron condenados por la Justicia Federal por ser integrantes de una asociación ilícita dedicada a cometer delitos tributarios y financieros.

Concretamente, la sentencia llegó en el marco de un acuerdo abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba, luego de que la causa fuera investigada por en Villa María. Según sintetizó la web fiscales.gob.ar, utilizaron la estructura de una mutual para realizar actividades de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos a través de la compra de inmuebles y rodados para darle apariencia lícita a sus ingresos espurios.

Los condenados

El citado tribunal condenó a Fernando Santiago Ateca y Jorge Héctor Sufe a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembros, intermediación financiera no autorizada agravada en calidad de coautores y lavado de activos también en calidad de coautores. En el caso de Ateca, también se lo condenó como autor de evasión simple tributaria.

Además, Miguel Alberto Álvarez fue sancionado con tres años de prisión de ejecución condicional como miembro de asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada agravada en calidad de partícipe necesario y lavado de activos, también como partícipe necesario, todo en concurso real.

Por su parte, Delfín Armando Polack, Richard Eduardo Grenat, María Eugenia Tabares y Carlos Alberto Giovanardi recibieron una pena de dos años y cuatro meses de prisión condicional al ser hallados cómplices secundarios de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos y como partícipes necesarios de intermediación financiera no autorizada agravada, todo en concurso real. Además, como parte del acuerdo, el tribunal absolvió a los acusados Franco Arce, Fabio Darío Machado y Silvia Marcela Della Rosa.

Finalmente, como pauta de conducta del acuerdo y a los fines de reparar el daño causado por los delitos cometidos, los acusados acordaron un pago de 500 mil dólares estadounidenses. Ateca abonará 240 mil, Sufe 120, Álvarez 90 y Polack 35, mientras que Tabares, Giovanardi y Grenat deberán aportar 5 mil.

El análisis de la fiscal Schianni

La fiscal federal de Villa María y encargada de investigar este caso, María Schianni, relató a este medio que la causa “tuvo su impulso con la PROCELAC”, organismo que a través de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) empezó a detectar “reportes de información sospechosa, de operaciones que no se condecían con los movimientos de una mutual”.

“Se tomaron distintas medidas de investigación, como intervenciones telefónicas, seguimientos, constataciones de domicilios, y eso poco a poco fue confirmando la hipótesis de que era un grupo de personas, que son los condenados, que se organizaron para formar parte de esto y poder llevar adelante operaciones de intermediación financiera”, agregó en diálogo con Villa María Ya!.

Asimismo, Schianni explicó: “Los fines sociales que tiene una mutual están muy lejos de las operaciones que realizaban, si no que operaban como un banco, captaban ahorros del público en general, hacían préstamos, y no préstamos chicos, eran préstamos o captaciones de ahorro de grandes sumas de dinero”.

En este sentido, agregó que las mutuales están eximidas de determinadas impuestos. “No eran una mutual, tomaban el ropaje. ¿Entonces para qué? Para no pagar impuestos, eso por supuesto constituye un delito, que se llama evasión tributaria, entonces esto también fue incorporado a la causa, además de la asociación ilícita”, .

Además, Schianni indicó que el dinero era reinvertido en la bolsa, inmuebles o vehículos. “Todo esto de reinvertir el dinero que uno obtiene a través de un delito, se llama lavado de dinero”, explicó.

Por último, en cuanto a lo sucedido en el juicio abreviado, la fiscal indicó: “Los autores admiten la responsabilidad y se llegó a la condena de siete involucrados en esta investigación, al decomiso de todas las propiedades que se identificaron y al pago de 500 mil dólares”.

“Uno de los inmuebles que fueron decomisados, en principio estaría proyectado el edificio para la fiscalía federal de Villa María, a raíz de un cambio de sistema procesal que vamos a tener en nuestra ley”, concluyó.

Audio: entrevista de Patricia Gatti con María Schianni para Villa María Ya!:

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