En cumplimiento de la ley provincial, el gobernador de la Provincia de Córdoba, Martín Llaryora, se realizó el narco test.
La ley provincial 10.954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el pasado 26 de abril, establece el marco jurídico para la instrumentación de “un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico”.
El testeo es obligatorio para “las personas que desempeñen funciones por elección popular, ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asesores y las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía” a nivel provincial y de Córdoba capital.
La prueba incluye un narco test y análisis de laboratorio. En caso de dar positivo, la ley prevé la aplicación del procedimiento vigente de la repartición donde reviste el supuesto infractor.
La reglamentación añade que se comunicará esa situación a la autoridad competente y se dará la intervención correspondiente al Ministerio de Salud, para que realice el abordaje integral y tome las medidas de contención y asistencia de la persona afectada.
De todas formas, le ley también establece que el resultado no será público, así tanto en el caso de Llaryora como en el de otro funcionario que se realice el test, no se conocerá si dio positivo o negativo.
Fuente: La Nación
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