Durante el miércoles, la Policía allanó un centro de estética ubicado en calle San Juan al 2000, en el barrio Ameghino.
La medida, dispuesta por la fiscal Silvia Maldonado, llegó tras una denuncia de la Regional local del Colegio de Kinesiólogos, que viene trabajando con una comisión que tiene alcance provincial en lo que denominan intrusismo profesional. Esto consiste en que según las normativas vigentes, las personas sin un título habilitante no pueden ni deberían aplicar radiofrecuencias o láser que se utilizan para hacer tratamientos estéticos.
Muchos de los tratamientos estéticos más comunes, como la depilación definitiva, requieren la aplicación de esos instrumentos, que provocan un impacto físico en el organismo. En este marco, los kinesiólogos ntienden que al no ser profesionales de salud, no pueden saber la medida exacta, la frecuencia exacta y la oportunidad o no de hacerlo en una persona que puede tener por ejemplo otras patologías.
Asimismo, los citados profesionales están habilitados para hacer esos tratamientos estéticos, y por eso entienden que pone en riesgo la salud de las personas todos los que van a hacerlo sin tener un título habilitante.
Muchas veces, esas personas que no tienen un título habilitante cuelgan diplomas en esos centros de estética. Por eso, los kinesiólogos expresan que esos son títulos de formación, que no son ni secundarios, ni terciarios ni universitarios, y no habilitan a utilizar esa aparatología.
Por otra parte, cabe destacar que en el allanamiento los uniformados constataron que en el lugar había aparatología destinada a esos tratamientos. Además, que el establecimiento no tenía habilitación municipal.
Asimismo, cabe destacar que vieron los aparatos en el centro de estética, aunque no los secuestraron. Lo que sí secuestraron fueron las historias clínicas, con los datos de las personas que allí asisten para realizar tratamientos estéticos.
Finalmente, desde el Colegio de Kinesiólogos expresaron que ellos tienen una modalidad que han acordado con esa comisión de intrusismo, que no es que denuncian directamente, si no que primero tratan amistosamente de explicar qué es lo que vienen reclamando.
En el caso que no cese la actitud, recurren a la justicia. Cabe señalar que hay procedimientos en toda la provincia y que en Villa María hay denuncias penales de personas que se vieron afectadas por consecuencias no deseadas de los tratamientos, de manera que continúan trabajando para atacar lo que consideran un intrusismo profesional.
Audio: Informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!:
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