¿Quién podrá defenderme?: El Gobierno de Córdoba elevó una iniciativa para crear un Ministerio destinado a defender derechos de los más vulnerables
El Poder Ejecutivo de Córdoba impulsa un proyecto para reestructurar la asistencia jurídica gratuita, creando el Ministerio Público de la Defensa.
La propuesta busca centralizar la defensa de los derechos de los más vulnerables y agilizar el acceso a la justicia en la provincia.
La iniciativa fue discutida en una reunión de comisión conjunta de la Unicameral
Las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, analizaron el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo.
El mismo, tiene como objetivo diseñar y organizar la estructura orgánica y funcional del Ministerio Público de la Defensa, incorporando las actuales Asesorías Letradas de todos los fueros.
La iniciativa argumenta que es esencial institucionalizar el Ministerio Público de la Defensa dentro del Poder Judicial provincial para jerarquizar y consolidar la estructura y organización existente.
Esto -explica- permitirá una respuesta más ágil y efectiva en la defensa de derechos y contribuirá al diseño, análisis, ejecución, evaluación y determinación de políticas públicas más efectivas.
Estuvo presente en la reunión la doctora Laura Echenique, ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba.
También participó el doctor Ignacio Segura, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba; y representantes de la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba (FECACOR).
Actualmente, el servicio de asistencia jurídica gratuita en la Provincia de Córdoba funciona según lo establecido en la Ley N° 7982 y sus modificaciones posteriores.
La propuesta busca complementar y mejorar este sistema, organizando la asistencia jurídica a través de un Ministerio Público de la Defensa centralizado, con una clara dirección y coordinación.
El proyecto incluye la creación de la administración, encabezado por un Defensor General y dos Defensores Adjuntos, además de otros Defensores Públicos de diversos fueros.
Esta nueva estructura se basa en principios de autonomía e independencia funcional, estableciendo las funciones del Defensor General y la transición de los actuales Asesores Letrados a Defensores Públicos.
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